Algunas personas que adquirieron un vehículo entre los años 2006 y 2013 pueden verse afectadas por la práctica que llevaron a cabo distintas marcas de vehículos para intercambiar información estratégica y confidencial con el objetivo de subir el precio de venta de sus modelos y que llegaría hasta una media de 4.000 euros adicionales por vehículo.

En el caso de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) consiguió probar esta práctica fraudulenta en 2015 y multó a las marcas implicadas con 171 millones de euros. Es el caso de BMW, Seat, PSA (Citröen y Peugeot), Ford, Renault, Honda, General Motors (Chevrolet), Nissan, Mazda, Hyundai y Chrysler.

Ahora, los compradores que adquirieron un vehículo de las marcas que han sido sancionadas, tanto empresas como autónomos, y las personas que constituyeron un leasing o renting entre 2006 y 2013 pueden reclamar una indemnización que oscilará entre el 10% y el 15% del precio pagado por el vehículo más los intereses devengados hasta la fecha en que se efectúe la reclamación. Para tramitarla, es aconsejable ponerse en contacto con un abogado especializado y conservar la factura de compra del vehículo, así como tener a mano el permiso de circulación del mismo.

El plazo para reclamar es de cinco años desde el conocimiento del daño y a partir de la última sentencia del Supremo sobre el caso o desde las fechas de las resoluciones que haya anunciado la Audiencia Nacional, en diciembre del 2019.